Hay palabras que se pueden dar vuelta como una media. Víctima es una de ellas. En Rosario, durante meses, seis hombres acusados de abusar sexualmente de chicos se presentaron en los medios como víctimas. ¿De quién? De tres psicólogas. Las mismas que se habían sentado a escuchar a esos chicos y habían escrito lo que vieron. Sus abogados las denunciaron por falso testimonio agravado y por asociación ilícita, como si fueran una banda.

La historia que contaban era de película: informes falsos armados de antemano para favorecer a las madres, un "pack" que se pagaba para conseguirlos y una asociación civil, AEVAS, que servía de fachada. La llevaron a distintos medios en marzo, en medio de la campaña sobre las "falsas denuncias" que impulsa en el Congreso la senadora santafesina Carolina Losada. Y durante meses, en esas entrevistas, los acusados aparecieron como víctimas y las profesionales como sospechosas.

Esta semana, las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Glikman miraron lo que había detrás, y no había nada. Nadie pudo explicar qué era el famoso pack, cuánto costaba, quién lo pagaba ni a quién. Para ellas, eran "claras conjeturas". Los informes no estaban copiados: se parecían porque las pocas especialistas en un tema tan duro terminan viendo las mismas señales. Y dejaron escrita una idea que vale para mucho más que este caso: estar en desacuerdo con un diagnóstico no lo convierte en delito. La denuncia se desestimó por falta de pruebas.

La resolución llegó ahora. La exposición mediática había empezado en marzo. En el medio, tres mujeres cuyo trabajo es escuchar a chicos que no encuentran palabras para lo que les pasó quedaron señaladas en público como parte de una asociación ilícita. Eso no se borra con un expediente. Desde AEVAS lo dicen sin vueltas: cada vez menos psicólogas se animan a atender a chicos víctimas de abuso, por miedo a que la próxima denunciada sea ella. Y ahí la palabra vuelve a su lugar: las víctimas de ese miedo no son las profesionales, son los chicos que llegan a un consultorio y no encuentran a nadie del otro lado.

No es la primera vez que ContraCrisis se mete en esta discusión. En "El peligro no mira el calendario" decíamos que las palabras no son inocuas cuando entran a un juzgado. En Rosario se vio de qué manera: una acusación sin pruebas alcanzó para poner bajo sospecha a quienes hacen uno de los trabajos más difíciles del sistema.

En el sur también hay quien pone a los chicos en el centro. Este mes, en Venado Tuerto, el juez de Familia Claudio Heredia declaró ilegal una medida de la Dirección Provincial de Niñez que había trasladado a un niño sin los informes interdisciplinarios que exige la ley y sin control judicial. ContraCrisis leyó el fallo completo, y hay en él una idea que debería estar colgada en cada oficina del sistema: los niños no son carpetas, son sujetos plenos de derecho. Y para que eso sea verdad, antes que nada, alguien tiene que escucharlos.

Rosario queda a un par de horas de ruta, y lo que pasó ahí no es ajeno. Si en una ciudad grande los profesionales empiezan a correrse, ¿qué pasa en el sur, donde el sistema es mucho más chico? ¿Cuántos atienden hoy estos casos en General López? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que acá cada uno que se corre deja un hueco difícil de llenar.

Fuentes: Página12 (Sonia Tessa); Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe; Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS); Juzgado de Familia N° 1 de Venado Tuerto.

Se escribe caminando: una denuncia sin pruebas tardó un año en caerse. El miedo que dejó entre los que escuchan puede durar mucho más.