En Venado Tuerto hay una línea que no se ve en ningún mapa de la ciudad, pero que figura en las ordenanzas: el límite agronómico, el lugar exacto donde termina el último patio y empieza el campo. Desde 2011, en los primeros 50 metros a partir de esa línea no se puede aplicar ningún agroquímico; más allá, hay franjas según la toxicidad de cada producto, y los aviones fumigadores tienen que quedarse a más de 3.000 metros. Cuando la regla apareció, varios productores de esa frontera, en su mayoría chicos, prefirieron abandonar los lotes antes que cumplirla, según contó un estudio académico sobre el periurbano venadense.

La línea, además, tuvo sus agujeros. En 2010, el propio responsable municipal de asuntos rurales reconoció que en los barrios Santa Rosa y Los Robles se fumigaba por excepción, más cerca de lo que marcaba la ley provincial, que todavía hoy permite a municipios y comunas habilitar esas excepciones. Son reglas sobre dónde se puede tirar el producto. Lo que no encontramos es lo otro: mediciones públicas de cuánto queda después en el agua de los pozos, en la tierra de esos patios o en el cuerpo de la gente que vive del lado de la ciudad de esa línea.

Medir eso no es imposible. Alguien lo hizo, en el sudeste bonaerense. Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, investigadora del INTA en Balcarce y del Conicet, coordinó en Argentina el proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea, que buscó plaguicidas en el suelo, el agua, los alimentos, los animales y las personas. Trabajó con 73 voluntarios de esa zona, entre productores, vecinos de zonas rurales y habitantes de ciudades cercanas, y en la orina del 86,1% encontró glifosato. El estudio no permite decir que todos los argentinos lo tienen en el cuerpo; es un grupo chico, elegido para comparar formas de exposición. Pero muestra algo que en el sur todavía no sabemos de nosotros mismos.

Esos resultados no llegaron a presentarse en el país. En junio de 2023, el INTA suspendió la reunión prevista para contarlos, y en diciembre de ese año se retiró del proyecto, que siguió en Europa con los datos argentinos y terminó en 2026. Después vino un sumario interno contra trece trabajadores vinculados al estudio. A Aparicio le imputan presuntos incumplimientos administrativos; entre los cuestionamientos conocidos figura que no entregó los datos personales de los voluntarios, algo que ella sostiene que no podía hacer porque se había comprometido a mantenerlos en reserva. A fines de agosto, el Consejo Directivo del INTA trató su caso, y según le comunicó el gremio APINTA, se habría ratificado el pedido de exoneración, la sanción más grave del empleo público. Ella todavía espera la notificación formal. El INTA dice que va a esperar la resolución del sumario para hablar.

El organismo tiene derecho a revisar cómo se hizo una investigación bajo su órbita, y ella tiene derecho a defenderse. Pero vale mirar quién decide. En ese Consejo Directivo tienen representantes la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Federación Agraria, CONINAGRO y AACREA, las entidades de los productores agropecuarios. No hace falta suponer mala fe para ver el problema: el futuro de la científica que midió los plaguicidas lo decide un consejo donde tienen voz los que los usan.

Pergamino, donde Aparicio ya había medido la contaminación del arroyo, queda a unos 140 kilómetros de Venado. El sur santafesino vive del mismo modelo agrícola, con los mismos productos y las mismas preguntas. ¿Alguien mide hoy lo que queda en los pozos de agua de los pueblos de General López? ¿Quién controla que las distancias se cumplan en cada comuna, y si siguen existiendo excepciones como las de Santa Rosa y Los Robles? Si esas mediciones existen, deberían ser públicas. Si no existen, el caso de Aparicio muestra por qué cuesta tanto hacerlas: el que mide, a veces, termina siendo el investigado.

Desde APINTA y ATE CONICET circula un pronunciamiento que pide que no se haga efectiva la exoneración y que se garantice el derecho de defensa de la investigadora. Se puede leer y firmar en https://forms.gle/1HCYbwm7V1JnF8pD8.

Fuentes: Proyecto SPRINT; elDiarioAR; Canal Abierto; Código Baires; Economía Sustentable; Examedia; Agencia Pelota de Trapo; Agencia Tierra Viva; Comisión Europea (CORDIS); Concejo Municipal de Venado Tuerto; La Capital; revista académica AmeliCA (estudio sobre el periurbano de Venado Tuerto).

Se escribe caminando: en Venado hay una línea que separa el último patio del primer surco. Nadie dice cuánto de lo que se aplica del otro lado cruza para este.